Según Queiruga, “la pobreza tiene mayor incidencia en las personas con discapacidad porque tenemos que hacer frente a más gastos, encontramos grandes dificultades para acceder a un empleo y recibimos rentas que son completamente insuficientes para tener una buena calidad de vida”.
“Percibimos menos recursos económicos derivados de la actividad laboral o procedentes del sistema público de protección social. De hecho, muchas personas están recibiendo una pensión que no representa ni la mitad del actual salario mínimo en España”, y agregó que “la inversión en productos de apoyo y tratamientos puede llegar a ser tan elevada que hay personas que, al no acceder a servicios de prevención, experimentan un deterioro de su salud irreversible”.
“Las severas dificultades que encuentran las personas con discapacidad para participar en el mercado de trabajo están motivadas por la falta de apoyos para recibir una educación o formación en condiciones de igualdad", prosiguió, "y por la falta de accesibilidad en medios de transporte y en las ciudades y entornos rurales".
Este es "un factor decisivo que frecuentemente impide a las personas con discapacidad acceder a puestos de trabajo”, destacó. De hecho, según el octavo "Informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador Arope de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2017', una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión. Entre los factores que influyen para este mayor riesgo, figuran la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad.
Philip Alston se encuentra de visita de investigación en España, donde permanecerá hasta el 7 de febrero de 2020 para analizar la pobreza en el país. Durante su estancia viajará a Madrid, Euskadi, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Se reunirá con la administración y con personas afectadas por la pobreza, así como con activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Al término de su visita, el Relator Especial presentará una declaración detallada de sus conclusiones iniciales. Posteriormente, presentará un informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.