Francisco Javier explica que fue sometido a una amputación de la tibia en ambas piernas y, tras ser dado de alta en julio de 2015, ha intentado en 11 ocasiones salir de su domicilio. “Una de ellas pude salir, pero no pude volver y me quedé en el bajo. El SUMA me tuvo cuatro horas esperando, me intentaron ayudar unos vecinos, me lesioné y me acabaron llevando al hospital”, relata.
Este madrileño lamenta su situación porque, cuando no existen barreras, es totalmente independiente, como tantas personas con y sin discapacidad: “Cuando estaba ingresado en la Clínica Centro salía con la silla de ruedas y me movía por la calle o en autobús sin problema”.
“Si yo hubiera matado a alguien entendería que me tuvieran preso, pero estoy encerrado ¿para pagar qué?”, se pregunta Francisco Javier. Añade que “la gente se plantea cómo se vive encerrado tanto tiempo por el Coronavirus. Yo después de tanto tiempo estoy acostumbrado”.
Destaca las secuelas que implica este encierro para él, que además es diabético. Afirma que la diabetes se combate, entre otras acciones, quemando la glucosa que produce el cuerpo, pero no puede salir de casa. En esta línea, afirma, además, que “el problema es de la sociedad, que antepone la apariencia a las necesidades sociales, y de los políticos, que están desconectados de la realidad”.
SE PRIORIZAN JARDINES
Según Francisco, esta situación se resolvería con la instalación de una rampa en el portal para evitar el escalón de entrada, y de un salvaescaleras, pero el vecindario se opone. “prefieren gastarlo en parcelar jardines para la comunidad que en suplir una necesidad real”, apostilla.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamenta la situación de Francisco Javier y alerta de que muchísimas otras personas con movilidad reducida (por razón de discapacidad o personas mayores) se encuentran en estas condiciones.
A juicio de la entidad, “pese a que la Ley de Propiedad Horizontal ha sido reformada en varias ocasiones, sigue siendo insuficiente para impedir que haya comunidades de vecinos que se nieguen a acometer las reformas necesarias para erradicar las barreras que impiden la entrada y salida de su casa a personas con discapacidad”.
“La libertad de movimiento de las personas con discapacidad no puede verse relegada a un segundo plano por el hecho de que una determinada obra supere un determinado número de mensualidades de la cuota de la comunidad. No puede ser más prioritaria la instalación de antenas de televisión u otras reformas que la garantía de los derechos fundamentales de las personas que residen en un edificio de viviendas”, sostiene el Cermi, que pide que se dé prioridad a esta cuestión para que “ninguna persona tenga que permanecer confinada en su casa por culpa de barreras.