El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto sanciones por valor de 90.000 euros a dos grandes operadores de comercio electrónico por llevar a cabo rebajas engañosas durante el último "Black Friday" (viernes negro), un momento de significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes para incentivar compras en el último fin de semana de noviembre.
Como rebajas engañosas se entiende el hecho de que estos operadores subieran el precio de diferentes productos antes del "Black Friday" para luego rebajarlos a su precio original, una práctica que, según señala el Ministerio de Consumo, supone una infracción del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Además, el Ministerio mantiene abiertos expedientes a otros seis grandes operadores de comercio por esta misma práctica en sus ventas online con una propuesta de sanción de más de medio millón de euros.
Estas sanciones son consecuencia de la investigación puesta en marcha por la Dirección General de Consumo, integrada en este Ministerio, y que supuso la monitorización diaria de más de 1.000 productos mediante la herramienta "Price Reduction Tool" de la Comisión Europea. En esta investigación, se detectó que un 60% de las empresas investigadas cometieron esta práctica fraudulenta y que esta práctica se llevó a cabo en más de un 20% de los productos analizados.
Como señala la Dirección General de Consumo, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista indica que cuando se oferta un artículo debe mostrarse el precio anterior y que este precio debe ser el menor que hubiese sido aplicado sobre ese artículo en los treinta días precedentes. De esta manera, establece la ley, la persona consumidora podrá hacer una correcta comparación. Por esta razón, y en base a esta norma y también al artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, el Ministerio de Consumo considera que las "falsas rebajas" son prácticas desleales que pueden calificarse como infracciones graves y acarrear multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
A raíz de los resultados obtenidos en la investigación del "Black Friday", la Dirección General de Consumo está monitorizando nuevos productos de cara a las rebajas de verano que acaban de comenzar. El objetivo es seguir controlando los descuentos que ofrecen grandes operadores a través de sus ventas online para detectar nuevas "falsas rebajas" que puedan llevarse a cabo y sancionarlas, si procediera, para velar así por los derechos de las personas consumidoras.
A continuación, se ofrece un caso real a modo de ejemplo de "falsa rebaja":