El polémico informe elaborado por la eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda, con más de 550 enmiendas, ha sido aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI).
La eurodiputada se refirió así a la tasa de la Ley de Propiedad Intelectual española: "Es alentador que el Comité haya querido evitar uno de los errores que cometieron España y Alemania en sus respectivas leyes de copyright, y que han tenido un efecto devastador en cuanto a la libertad de enlazar".
En el caso de Alemania, los diarios germanos tuvieron que ofrecer de nuevo a Google una licencia de uso libre de sus contenidos, después de que el buscador dejase de ofrecer los enlaces de los periódicos online y éstos sufriesen una espectacular caída de tráfico.
Habrá que esperar para ver qué pasa en España, pues las medidas aprobadas incluyen la necesidad de que esta ley sea común a todos los estos miembros. El texto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy sigue su curso, de hecho, aunque se desconoce aún su reglamento y tarifas, el Ministerio de Educación y Cultura ya ha señalado a la entidad de gestión CEDRO como la encargada de llevar a cabo los cobros.
Al mismo tiempo, Reda ha conseguido que todos los trabajos creados por las administraciones públicas sean expuestos sin copyright, además de la desestimación del uso del DRM, una “restricción técnica” sin la que será más sencillo la digitalización de textos científicos o el préstamos de ebooks en bibliotecas.
Rechazo a la libertad de panorama
A pesar del intento de Reda, se aprobó una enmienda sobre el uso comercial de grabaciones y fotografías en espacios públicos, ya que deberá contar con el permiso de los autores: "Todo gran compromiso tiene un coste, pero esto puede ser una amenaza para el trabajo de los directores de documentales y para las plataformas digitales cuyo negocio comercial son las fotografías". Aunque en España sí está permitida la “libertad de panorama”, en países como Francia está prohibida.
La eurodiputada se muestra satisfecha con los cambios, ya que "esta es la primera vez en décadas en donde el foco, en vez de imponer restricciones para proteger los intereses materiales de los titulares de derechos, está puesto en reconsiderar los derechos de los usuarios".
El próximo 9 de julio el informe será sometido a votación en el Parlamento europeo, cuyo texto final será elaborado por la Comisión Europea, previsto para finales de año.
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